Vanina Hernández Villegas

Una niña que da a luz a los 10 años no es una madre, es una víctima. Una niña de 10 años no puede consentir una relación sexual; desde el punto de vista jurídico, médico y ético, ese embarazo es consecuencia directa de un delito sexual. No existe excepción cultural, familiar, religiosa ni “costumbre” que lo justifique, eso es pederastia y violación; por lo tanto ante un escenario así confluyen múltiples delitos graves como pueden ser: Violación agravada y Abuso Sexual Infantil cometido por un adulto o adolescente mayor con pleno conocimiento de la edad de la víctima; es un delito de Lesa Humanidad en términos de derechos de la infancia; Pederastia porque usan el cuerpo infantil para satisfacción sexual adulta implicando dominación, coerción, manipulación y violencia; Violencia Sexual Reproductiva, el cuerpo de la niña es forzado a gestar cuando no está ni física ni psicológicamente preparada para ello; Violencia Obstétrica infantil, los embarazos y partos en niñas conllevan riesgos extremos y procedimientos médicos invasivos no elegidos; Omisión del Estado y de los adultos responsables, pues hay una falla en el sistema de protección a la salud, la educación, la justicia, una vida libre de violencias, una infancia digna;    Encubrimiento familiar o comunitario que es complicidad, pues una niña pariendo a los 10 años corre riesgos en su salud y la del recién nacido, la niña presenta un riesgo elevado de muerte materna, hemorragias, eclampsia, desgarros severos, infecciones, daño permanente de su aparato reproductor, desnutrición, anemia, interrupción abrupta del desarrollo físico ya su cuerpo aún no está diseñado para gestar.

El recién nacido presentará, seguramente, bajo peso al nacer, un nacimiento prematuro, riesgo de asfixia, mayor probabilidad de mortalidad neonatal y secuelas neurológicas y respiratorias. Ambas vidas están en peligro por una violencia previa, no por accidente.

Una niña obligada a parir, vive trastorno de estrés postraumático, depresión severa, ansiedad crónica, disociación, culpa inducida, pérdida abrupta de la infancia, confusión identitaria al ser madre sin haber podido ser niña; el parto reactiva la violación una y otra vez.

Este tipo de “costumbres” silenciosas y normalización de la violencia, legitiman la violencia sexual infantil; entendamos que no, no son cosas que “así pasan en la comunidad”, no es una tradición, no es solo un asunto familiar, ella no es mujer es niña, una niña manipulada por la normalización de las violencias. Las costumbres no están por encima de los derechos humanos, la cultura no puede ser refugio del abuso. Una niña de 10 años obligada maternar, tiene sus derechos vulnerados, es víctima de una falta de educación sexual integral, de la falta de protección estatal, de falta de redes de protección familiar y de alerta, los adultos a su alrededor fallaron, las instituciones miraron hacia otro lado. El estado llega tarde cuando la infancia ya fue destruida.

Busquen y nombren al agresor, a los adultos pederastas, porque el sí en la boca de un menor, debe ser un rotundo NO a los oídos del agresor; no fue una relación, no fue un error, no fue un embarazo precoz, fue así un adulto pederasta, un crimen, un cuerpo infantil utilizado, una vida marcada para siempre. El foco debe estar en quien la violó y en quienes lo permitieron. Las niñas deben jugar, deben aprender, deben soñar, deben crecer protegidas, no deben gestar, ni criar, ni cargar culpas ajenas, ni ser adultizadas, mucho menos sacrificadas en nombre de nadie.

La protección de las infancias es una obligación colectiva, este caso debe tener una investigación penal inmediata, atención médica especializada integral, acompañamiento psicológico de largo plazo, separación absoluta de la víctima del agresor, responsabilizar al estado, ejercer justicia sin concesiones culturales, porque una niña que da a luz no no es noticia, es la evidencia brutal de una sociedad que falló.