Morelia, Michoacán
Con algunas modificaciones, se aprobó la reforma para que los gobiernos estatales de Michoacán no puedan contraer deuda de largo plazo.
Esto, luego de que los legisladores descubrieron que aunque la intención era no incluir a los gobiernos municipales, en la letra no quedaba clara la redacción.
Los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), así como el priista Guillermo Valencia, adelantaron que presentarían reservas para exlcuir a los municipios de la prohibición, pero se les adelantaron las bancadas del oficialismo, una vez que detectaron la imprecisión, lo cual no hicieron al aprobarla en la comisión de Puntos Constitucionales, presidida por Emma Rivera, de Morena.
El único voto en contra fue el de Antonio Carreño, de Movimiento Ciudadano (MC), quien argumentó que lo ideal sería poner candados para evitar que se haga un mal uso de los recursos obtenidos mediante financiamiento, pero no prohibirlo.
“Nadie quiere heredar deudas impagables. Pero también es cierto que ningún proyecto transformador cabe en una caja de tres años”, agumentó y puso como ejemplo una planta tratadora de agua o un sistema de transporte masivo.
El legislador fue además quien hizo ver al pleno que la redacción del dictamen -que se dejó exactamente en los mismos términos que venía la iniciativa- no dejaba claro que los ayuntamientos no estaban contemplados en esta prohibición, ya que se les estaba mencionando en el primer párrafo.
Al determinar que la deuda no podría ser mayor a la duración de la administración estatal, se estaría entonces beneficiando a los ayuntamientos que inician el mismo año que el gobierno estatal, los que podrían contraer deuda hasta por seis años, mientras que los que entran en la segunda mitad, sólo podrían contratar por tres años, explicó.
Por esto último y porque en la Constitución Mexicana no se prevén plazos máximos para contraer deuda, es que señaló esta reforma como doblemente inconstitucional.
Estuvieron de acuerdo con él Guillermo Valencia y los diputados del PAN, quienes ya habían observado la falla en la redacción, así como también algunos diputados de la 4T, como Marco Polo Aguirre, de la Representación Parlamentaria, y Reyes Galindo, del Partido del Trabajo, quienes manifestaron que no tendrían problema en que se presentara la reserva de Valencia para modificar la redacción.
En contra de modificar una sola coma al dictamen fueron las participaciones de Sandra Olimpia Garibay y Juan Pablo Celis, de Morena, así como Octavio Ocampo, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Ya durante la votación y antes de que Guillermo Valencia pudiera emitir su voto, la coordinadora parlamentaria de Morena, Fabiola Alanís, anunció que a nombre de su bancada, la del PVEM y la del PT, presentarían una reserva, que resultó ser exactamente la misma que proponía el priista.
Con ello, se modificó la redacción original para excluir expresamente a los ayuntamientos de la prohibición de contratar deudas que superen el término de la administración estatal en curso.
