Horacio Erik Avilés Martínez*

Es del dominio público la situación de violencia e inseguridad que envuelve a nuestro país y a Michoacán en particular. La percepción en la materia ha empeorado, de acuerdo con las encuestas de INEGI. Los datos duros, si bien muestran una ligera mejoría están frontalmente cuestionados por prácticas como el subregistro de delitos, la existencia de cifras negras, el incremento de desapariciones y la reclasificación de los delitos, para aparentar menos terrible la situación.

Ha habido una serie de noticias que revelan el horror en que se está viviendo en el país como consecuencia del empoderamiento de la delincuencia: campos de exterminio, minas personales destruyendo vidas y miles de víctimas colaterales.

Particularmente, la niñez y la juventud son vulnerables, más que otros grupos etarios, a padecer las consecuencias dantescas de la delincuencia organizada. Particularmente, esta semana se dieron a conocer por parte de grupos delincuenciales videos donde emplean a niños como voceros de mensajes intimidatorios para sus adversarios. La situación fue ampliamente difundida en portales electrónicos dedicados a reseñar la actividad de los narcotraficantes, día tras día.

Más allá de la gran cantidad de hechos infamantes, la política pública en torno a la protección y vivencia de los derechos de las niñas, niños y jóvenes en Michoacán no puede tenernos satisfechos a nadie. Las autoridades siguen realizando acciones sin diagnóstico, sin precisión ni exactitud respecto a los principales fenómenos que afectan a las generaciones en formación, con impacto sumamente limitado y trabajando para atender a una población muy escasa.

Michoacán enfrenta una crisis humanitaria de proporciones alarmantes. El reclutamiento de menores de edad por grupos del crimen organizado no solo viola sus derechos fundamentales, sino que también destruye el tejido social, trunca el desarrollo regional y perpetúa ciclos de violencia intergeneracional. Este fenómeno ha generado una cifra negra de víctimas—jóvenes desaparecidos y asesinados—cuyas historias permanecen invisibilizadas.

Es preciso reconocer que este problema requiere un enfoque integral que aborde tanto las causas estructurales como las manifestaciones inmediatas de violencia. Deben desarrollarse un conjunto de acciones coordinadas que el gobierno estatal debe implementar para proteger a los menores, combatir el reclutamiento forzado y garantizar su derecho a una educación segura y de excelencia, donde se protejan el acceso, permanencia, aprendizaje y trayectorias completas para todas las niñas, niños y jóvenes en la entidad.

El reclutamiento de menores por grupos criminales en Michoacán se ha intensificado debido a múltiples factores interrelacionados, como son la vulnerabilidad socioeconómica, ya que las regiones con mayores índices de pobreza, marginación y desigualdad son terreno fértil para el reclutamiento forzado o inducido de menores. Así también, el notorio debilitamiento institucional y la infiltración del crimen organizado en instituciones locales ha comprometido la capacidad del Estado para proteger a los ciudadanos, especialmente en zonas rurales y periurbanas. Paralelamente, se ha gestado un fenómeno de normalización de la violencia, donde la exposición prolongada a contextos violentos ha generado una peligrosa normalización del fenómeno entre algunas comunidades. El abandono escolar, exacerbado por la pandemia empeoró la ya crítica situación de abandono escolar, dejando a miles de jóvenes sin acceso a espacios protectores. Simultáneamente, el control territorial de la delincuencia ha avanzado, ya que, diversas regiones del estado se encuentran bajo el control de facto de grupos criminales que imponen sus propias reglas y sistemas de reclutamiento. Finalmente, se ha generalizado la impunidad, ya que la baja efectividad en la investigación y sanción de los delitos relacionados con el reclutamiento de menores alimenta el ciclo de violencia.

Para hacer frente a esta situación es importante desarrollar una propuesta integral de intervención, que se base en el fortalecimiento del sistema educativo como espacio protector de los derechos más elementales de las niñas, niños y jóvenes, en donde a la brevedad se implemente un sistema de alerta temprana y protocolos de seguridad en centros educativos ubicados en zonas de alto riesgo, incluyendo rutas seguras para el traslado de estudiantes. Así también, que se establezcan nuevamente y de manera generalizada programas de jornada ampliada o escuelas de tiempo completo que minimicen el tiempo que los menores pasan en entornos de riesgo, así como brigadas comunitarias de acompañamiento escolar, donde se formen redes de padres, docentes y vecinos que supervisen los trayectos escolares y detecten situaciones de riesgo.

Así también, es necesario emprender acciones a mediano y largo plazo, como el fortalecimiento curricular, que incorpore en los programas educativos contenidos sobre cultura de paz, resolución no violenta de conflictos y construcción de proyectos de vida alejados de actividades ilícitas. Así también, la formación docente especializada, que permita capacitar al personal educativo para identificar señales de reclutamiento, intimidación o cooptación por grupos criminales. Aunado a lo anterior, que haya un programa de reincorporación educativa, conformado por programas flexibles que permitan a jóvenes que abandonaron sus estudios reintegrarse al sistema educativo, con acompañamiento psicosocial y nivelación académica.

Por otra parte, es preciso que se integre un auténtico sistema integral de protección a la infancia y adolescencia, en donde no haya simulaciones ni protocolo, sino resultados, basados en lograr mejorar las condiciones de vida de cada niña, niño y joven en Michoacán. Para estos efectos es necesario salir del escritorio y contar con unidades móviles de protección, que sean equipos interdisciplinarios, quienes recorran las zonas más vulnerables para identificar casos de riesgo y brindar atención inmediata. Paralelamente, conformar una línea de emergencia anónima real y totalmente especializada, para establecer un canal de comunicación confiable seguro para denunciar riesgos de violencia, sucesos e intentos de reclutamiento, con protocolos efectivos de respuesta inmediata. Así también es necesario contar con albergues temporales, que sean espacios seguros para alojar a menores en situación de riesgo inminente mientras se implementan soluciones permanentes.

A mediano y largo plazo es necesario implementar un sistema de tutela reforzada, que asigne mentores comunitarios a jóvenes en situación de vulnerabilidad, con énfasis en quienes han perdido familiares por la violencia. También, se debe contar con un registro unificado, es decir, se debe crear una base de datos que integre información sobre menores en riesgo, desaparecidos y víctimas del crimen organizado, con protocolos estrictos de protección de datos.

También, para recuperar los territorios cedidos a la delincuencia es necesario realizar operativos coordinados, implementar intervenciones conjuntas entre fuerzas estatales y federales enfocadas en la desarticulación de redes de reclutamiento, priorizando la protección de menores. Por supuesto, debería de existir una Fiscalía Especializada, exclusivamente dedicada para investigar y procesar casos de reclutamiento, desaparición y homicidio de menores relacionados con el crimen organizado, con canales protegidos para que la ciudadanía pueda reportar situaciones de riesgo sin exposición personal.

Es necesario también seguir avanzando en la recuperación de espacios públicos, como rehabilitar parques, canchas deportivas y centros comunitarios en zonas controladas por el crimen organizado, asegurando su protección permanente, contando también con una policía comunitaria certificada, con contraloría social y con participación ciudadana, bajo estrictos controles de confianza y supervisión estatal, mientras continúen y se mejoren las campañas de entrega anónima de armas a cambio de incentivos educativos y económicos.

Como toda política pública debe basarse en el método científico, es preciso realizar diagnósticos participativos, mapeos comunitarios de factores de riesgo y protección en cada municipio, con participación de jóvenes, familias y autoridades locales. Así también, debe de haber campañas de sensibilización e información sobre los riesgos del reclutamiento y promover la denuncia, utilizando mensajes adaptados culturalmente a cada región, con el establecimiento de redes de alerta vecinal, donde se organicen sistemas comunitarios de vigilancia y protección mutua, con protocolos claros de comunicación con autoridades.

Paralelamente, es preciso realizar intervención social al nivel más profundo posible, con las personas y sus familias, implementando programas de fortalecimiento familiar que mejoren habilidades parentales y establezcan entornos protectores para los menores, así como iniciativas de economía social, consistentes en fomentar proyectos productivos comunitarios que ofrezcan alternativas económicas viables a jóvenes y familias vulnerables; a la par que el establecimiento de escuelas para padres, que sean auténticos espacios formativos donde las familias adquieran herramientas para detectar y prevenir la captación de sus hijos por grupos criminales.

Debe de haber también oportunidades de desarrollo integral para jóvenes, donde se brinden becas de permanencia escolar, condicionadas a la asistencia escolar, con montos competitivos frente a las ofertas del crimen organizado, así como también centros juveniles seguros, espacios dedicados a actividades recreativas, culturales y deportivas en horarios extraescolares, con presencia permanente de mentores adultos y programas de primer empleo protegidos, que sean verdaderas alianzas con empresas locales para ofrecer oportunidades laborales formales a jóvenes en riesgo, con capacitación y acompañamiento y conformar redes de jóvenes constructores de paz, a partir del desarrollo de liderazgos juveniles positivos que implementen iniciativas de prevención diseñadas desde sus propias perspectivas y necesidades.

También se requieren programas de desvinculación, con intervenciones integrales para menores que participaron en actividades delictivas, con atención psicosocial, educativa y de inserción social, que vengan acompañados de justicia restaurativa, con mecanismos que permitan la reintegración comunitaria de jóvenes que participaron en delitos menores bajo coacción o vulnerabilidad extrema, que aseguren un acompañamiento prolongado, donde  haya servicios de apoyo psicosocial a largo plazo para víctimas rescatadas y sus familias, reconociendo la complejidad del proceso de recuperación.

Para todo lo anterior, es importante contar con monitoreo y evaluación, ya que la efectividad de las intervenciones debe medirse a través de indicadores de proceso, que expresen fehacientemente el cumplimiento de metas operativas y cobertura de programas, así como de indicadores de resultado, en donde se plasme eventualmente la reducción de casos de reclutamiento, aumento en la permanencia escolar y disminución de homicidios de menores. Así también, se requiere una evaluación participativa, con plena incorporación de las perspectivas de los propios jóvenes, familias y comunidades afectadas y una sistematización continua, para que haya publicación y documentación de lecciones aprendidas y buenas prácticas para ajustar estrategias.

El reclutamiento de niñas, niños y jóvenes por el crimen organizado en Michoacán representa una grave crisis de derechos humanos que exige respuestas urgentes, integrales y sostenidas. La recuperación del derecho a la educación solo será posible en un entorno que garantice, ante todo, el derecho fundamental a la vida, la seguridad y el desarrollo integral.

El Estado tiene la responsabilidad ineludible de implementar estrategias que atiendan tanto la emergencia inmediata como las causas estructurales del problema. Sin embargo, el éxito de cualquier intervención dependerá de la participación de las comunidades, el compromiso del sector privado y la coordinación efectiva entre los distintos niveles de gobierno.

La sociedad michoacana tiene el derecho de exigir acciones concretas y resultados tangibles. Los niños, niñas y jóvenes de Michoacán merecen crecer en un entorno donde sus derechos sean respetados y sus oportunidades no estén limitadas por la violencia. El tiempo de actuar es ahora, con determinación, recursos suficientes y un compromiso inquebrantable con la protección de quienes representan el futuro del estado.

En suma, hay mucho por hacer, más allá del futurismo político y la propaganda. Querer es poder. Las niñas, niños y jóvenes merecen un gobierno profesional, comprometido, sensible y de tiempo completo que esté a la altura de las circunstancias, para que desde el sector educativo, garante de los sueños y aspiraciones de las generaciones en formación, se encabece un gran paquete de políticas públicas para revertir la violencia y sus efectos. Que así sea.

Sus comentarios son bienvenidos en [email protected] y en Twitter en @Erik_Aviles

*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C Visita nuestro portal electrónico oficial: www.mexicanosprimeromichoacan.org