Agencias / La Voz de Michoacán

La violencia le costó a México cientos de miles de millones de dólares en 2024, pese a que el país logró volverse moderadamente más pacífico, según un estudio reciente que resalta el persistente costo del crimen en una de las principales economías de América Latina.

El impacto económico de la violencia ascendió a 245 mil millones de dólares, equivalente al 18% del producto interno bruto (PIB) del país, según el informe del Instituto para la Economía y la Paz (Institute for Economics and Peace), un centro de pensamiento que estudia el vínculo entre la paz y la prosperidad.

El Índice de Paz del instituto registró una mejora del 0.7% en México el año pasado. Sin embargo, un aumento récord del 39% en el gasto militar impulsó al alza el costo total asociado con la violencia.

El principal factor detrás de estos costos fue la tasa de homicidios, que se mantuvo alta pese a descender levemente a 19.3 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2024. Esta disminución fue contrarrestada por un fuerte aumento en las desapariciones, que alcanzaron niveles récord. En 2024 se reportaron 13 mil 117 personas desaparecidas, un incremento del 36% respecto a 2023, según los datos de la Comisión Nacional de Búsqueda.

El instituto empleó una metodología similar a la utilizada en estudios anteriores sobre el impacto económico del crimen. El informe calculó los costos directos −como los funerales− e indirectos −como la pérdida de ingresos de las víctimas−, a los que sumó los costos estimados de actividades criminales como el narcotráfico, la extorsión y los delitos con armas de fuego. También incluyó el gasto público en seguridad y justicia, así como el gasto en seguridad privada que asumen los ciudadanos. Además, calculó las pérdidas ocasionadas por la reasignación de recursos que podrían haberse destinado a usos más productivos.

Carlos Juárez, director del Instituto para la Economía y la Paz en México, calificó de “marginal” la mejora del 0,7% y subrayó el costo humano de la crisis de seguridad.

“Tenemos una acumulación de personas desaparecidas, de personas asesinadas, que no tiene precedente en la historia de nuestro país”, afirmó.

Impactos regionales desiguales

La violencia continúa limitando el desarrollo económico de México al reducir la productividad y desviar recursos de usos potencialmente beneficiosos. Y aunque las dinámicas criminales cambian entre estados, los factores que impulsan el elevado costo del crimen probablemente persistirán a nivel nacional.

El impacto económico de la violencia es profundamente desigual entre las regiones. Los estados fronterizos o ubicados en rutas clave del narcotráfico suelen registrar niveles más altos de violencia y pérdidas económicas.

Colima, por ejemplo, fue el estado más afectado. La violencia redujo en promedio 89.916 pesos (US$4.670, aproximadamente) del ingreso por persona, lo que equivale al 40,8% del PIB estatal. Con una tasa de homicidios de 101 por cada 100.000 habitantes en 2024, Colima fue por tercer año consecutivo la región más homicida del país.

Este estado es un corredor estratégico del narcotráfico y alberga el puerto de Manzanillo, un punto neurálgico para el ingreso de precursores químicos desde Asia destinados a la producción de drogas sintéticas. El puerto es bastión del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y el enfrentamiento entre esta estructura criminal, sus rivales y las fuerzas de seguridad ha convertido a la ciudad en una de las más violentas de México.

Una transición sostenida en Estados Unidos del consumo de drogas naturales hacia sustancias sintéticas podría seguir alimentando el conflicto en Colima. El fentanilo —un opioide sintético altamente potente que causó más de 79.000 muertes en EE. UU. en 2024, según cifras preliminares de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)— se vende por hasta 2.700 veces el costo de sus materias primas. Esta droga ha sido por años uno de los principales motores de la violencia criminal en México.

También se observaron caídas pronunciadas en los niveles de paz en Tabasco, donde el impacto económico de la violencia aumentó un 68% respecto a 2023. Según el informe, en ese estado la violencia cuesta hoy a sus habitantes más de un mes de salario promedio al año. En 2024, el rompimiento de una alianza entre células del CJNG y un grupo rival conocido como la Barredora provocó nuevos estallidos de violencia y dejó una serie de asesinatos, muchos de ellos acompañados por mensajes amenazantes entre facciones en guerra.

Las fracturas internas en los grandes grupos criminales han sido una fuente constante de violencia en México. La detención en 2024 de Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, uno de los líderes del Cartel de Sinaloa, desató un violento enfrentamiento entre facciones rivales en ese estado, lo que ha contribuido al repunte de homicidios y desapariciones, además de dejar un profundo daño económico.

Además, los autores del informe atribuyen la caída de la violencia en estados más pacíficos como Zacatecas, en parte, a la intensificación del conflicto en otras regiones. Esto subraya que las dinámicas del crimen organizado −y no tanto las acciones de las fuerzas de seguridad− son un factor determinante en la incidencia delictiva a nivel estatal.

Aumento del gasto en seguridad

El informe también alertó sobre la creciente desproporción en el financiamiento del sector de seguridad en México, lo que contribuye al alto costo de la violencia. El gasto militar alcanzó niveles récord en 2024, en momentos en que el gobierno apostó nuevamente por una estrategia militarizada que ha fracasado en contener al crimen organizado. Al mismo tiempo, el gasto ajustado por inflación en el sistema de justicia y en la policía civil se redujo en un 30% y 12%, respectivamente, en la última década.

“No podemos superar la violencia en el país si no atendemos los tres pilares de la seguridad y la paz: el sistema de justicia, el sistema policial y el sistema militar”, afirmó Juárez.

Según el informe, el gobierno mexicano destina apenas el 0,7% del PIB a la justicia y a la seguridad civil, menos de la mitad del promedio de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la cual México forma parte. Además, el país enfrenta una grave escasez de jueces, lo que genera un rezago procesal masivo, deteriora la confianza pública y alimenta los altos niveles de impunidad. Esta dinámica no parece que vaya a cambiar con las reformas judiciales que impulsa actualmente el gobierno.

Incluso considerando el gasto militar, el presupuesto del Estado mexicano para enfrentar el crimen se ve superado por los costos económicos de la violencia. Por cada dólar de impacto económico relacionado con la violencia en 2024, el gobierno destinó apenas 17 centavos en su combate.

Según la organización civil Cero Impunidad, el 93% de los delitos no se denuncian ante las autoridades y menos del 0,9% son resueltos.