Secoem confirma 5 expedientes federales y 14 estatales por irregularidades de Silvano en Michoacán; Las investigaciones continúan sin avances claros.
Morelia, Michoacán.– La secretaria de la Contraloría del Estado de Michoacán (Secoem), Azucena Marín, confirmó que existen al menos cinco expedientes federales y 14 estatales por el manejo irregular de recursos públicos durante el gobierno de Silvano Aureoles.
Sin embargo, evitó proporcionar datos precisos y dejó en claro que su función se limita a “colaborar” con las fiscalías.
“No puedo dar nombres porque se van”, declaró, en refiriéndose a los exfuncionarios prófugos, mientras reconoció que la cantidad de recursos involucrados tampoco la tiene clara.
Azucena Marín detalló que las denuncias son por irregularidades en educación, salud y seguridad pública, aunque reconoció que están estancadas en un entramado burocrático.
Pese a ello, aseguró que las investigaciones continúan tanto a nivel estatal como federal, la contralora no pudo precisar avances.
“Estamos en espera, pero confiados en que ese engranaje tan complejo pueda dar resultados”, dijo.
La titular de la Secoem responsabilizó al sistema judicial por la falta de resultados, y agregó que “entre más cadenas tenga un proceso, más áreas de oportunidad hay de que se haga flexible o se corrompa”.
Secoem también va contra funcionarios bedollistas
Reveló que existen “muchas” investigaciones contra servidores públicos del gobierno de , pero se negó a revelar cuántas ni en qué casos.
Sin ofrecer datos específicos, la contralora dijo que diariamente emite observaciones y recomendaciones contra funcionarios de la actual administración.
Cuestionada por la denuncia pública presentada por el líder transportista Pasalagua, respondió que ni siquiera ha leído el expediente.
Textualmente comentó: “todavía no la leo, la voy a revisar”, y minimizó la relevancia del caso que involucra presuntas irregularidades en la entrega de concesiones.
Secoem asegura que iría tras Bedolla si comete irregularidades
Aunque presume imparcialidad y compromiso con la legalidad, Azucena Marín no ofreció información clara sobre observaciones o sanciones contra servidores públicod en funciones.
Incluso expresó que actuaría contra el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, si encontrara actos ilícitos.
“Claro que sí”, afirmó, aunque evitó dar detalles de los procedimientos iniciados en la actual administración.
Además, defendió que los procesos de nombramiento de fiscalizadores no requieren ajustes y responsabilizó a la ciudadanía por normalizar la corrupción.
“Lo mejor sería que los servidores públicos seamos congruentes”, remató.
