Desiderata legal

En medio de tantas noticias sobre conflictos, violencia y decisiones políticas que parecen alejarnos de la paz, hay acontecimientos que merecen algo más que una lectura rápida. Uno de ellos ocurrió el pasado 9 de octubre, cuando se anunció que el Premio Nobel de la Paz 2026 sería otorgado a Navanethem «Navi» Pillay, una abogada sudafricana cuya trayectoria ha estado vinculada durante décadas a la defensa de los derechos humanos y la justicia internacional.

Me parece especialmente significativo que este reconocimiento recaiga en una mujer que ha dedicado buena parte de su vida a demostrar que el derecho puede ser una herramienta para enfrentar las injusticias, incluso aquellas que durante años parecían imposibles de cuestionar.

Pillay nació en Sudáfrica en 1941 y creció bajo el apartheid, un régimen que convirtió la discriminación racial en una práctica institucionalizada. Como mujer de ascendencia india, conoció desde muy joven las limitaciones que imponía una sociedad profundamente desigual. A pesar de ello, estudió derecho y en 1967 se convirtió en la primera mujer en establecer un despacho jurídico en la provincia de Natal.

Desde el ejercicio de la abogacía defendió a personas perseguidas por el régimen, entre ellas Nelson Mandela, y posteriormente llegó a ocupar importantes responsabilidades en tribunales internacionales y en las Naciones Unidas.

Pero más allá de los cargos y reconocimientos, hay un aspecto de su trayectoria que considero fundamental: su participación en decisiones que cambiaron la manera en que el derecho internacional reconoce la violencia contra las mujeres.

En 1998, como integrante del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, participó en la sentencia del caso Akayesu, un precedente que reconoció que la violación y otras formas de violencia sexual pueden constituir actos de genocidio cuando se cometen con la intención específica de destruir, total o parcialmente, a un grupo protegido.

Detrás de esta decisión había una realidad dolorosa. Durante mucho tiempo, las agresiones sexuales cometidas en los conflictos armados fueron minimizadas o tratadas como consecuencias inevitables de la guerra. Las víctimas existían, sus historias también, pero no siempre encontraban un lugar en los procesos de justicia.

Aquella sentencia permitió reconocer jurídicamente una violencia que había permanecido demasiado tiempo en silencio.

Y aquí vale la pena detenernos. Con frecuencia hablamos de perspectiva de género como si fuera un concepto que pertenece exclusivamente a los debates actuales. Sin embargo, decisiones como esta nos recuerdan que su importancia radica en algo mucho más concreto: comprender que las desigualdades también influyen en la manera en que se vive la violencia, se accede a la justicia y se obtiene una respuesta de las instituciones.

Incorporar esta perspectiva no significa dejar de lado el rigor jurídico. Por el contrario, exige examinar los hechos con mayor profundidad, reconocer sus contextos y evitar que prejuicios o prácticas históricamente normalizadas condicionen las decisiones.

También considero importante que el reconocimiento a Pillay nos lleve a reflexionar sobre las mujeres que han abierto camino en profesiones y espacios de decisión donde su presencia fue durante mucho tiempo excepcional. Algunas han alcanzado posiciones de reconocimiento internacional, mientras que muchas otras continúan trabajando desde las universidades, los tribunales, las instituciones públicas y sus comunidades, sin que necesariamente se conozcan sus aportaciones.

La igualdad no se agota en celebrar que una mujer llegue a ocupar un cargo relevante. También debemos preguntarnos si las instituciones están generando condiciones para que otras mujeres puedan hacerlo, desarrollar su trabajo con independencia y ser reconocidas por sus capacidades.

Hay otro aspecto que vuelve especialmente oportuno este Nobel. En los últimos días, Pillay ha insistido en la necesidad de defender las instituciones internacionales encargadas de investigar y juzgar las violaciones más graves a los derechos humanos. Sus declaraciones ocurren en un momento en que la justicia internacional enfrenta cuestionamientos, presiones políticas y resistencias de distintos gobiernos.

Podemos discutir los alcances y las limitaciones de estos tribunales, como corresponde hacerlo desde el análisis jurídico. Lo que no deberíamos perder de vista es que su existencia responde a una necesidad histórica: evitar que los crímenes más graves queden sin investigación y que el poder se convierta en una justificación para la impunidad.

Esta reflexión también nos alcanza en México, donde hemos logrado avances importantes en el reconocimiento de los derechos humanos y la igualdad entre mujeres y hombres, pero seguimos enfrentando dificultades para que esos derechos se traduzcan en experiencias reales de justicia.

Desde mi experiencia en la docencia y la investigación jurídica, pienso que una parte de nuestra responsabilidad está precisamente en la formación de quienes mañana ejercerán la abogacía, impartirán justicia o tomarán decisiones desde las instituciones públicas.

No basta con conocer las leyes o dominar los procedimientos. Es necesario aprender a mirar las consecuencias humanas de las decisiones jurídicas, comprender las desigualdades que existen en nuestra sociedad y reconocer que detrás de cada expediente hay personas que esperan ser escuchadas.

La trayectoria de Navi Pillay nos recuerda que los cambios importantes en el derecho no ocurren solamente cuando se reforman las normas. También suceden cuando alguien se atreve a cuestionar interpretaciones que parecían inamovibles, cuando una víctima encuentra finalmente reconocimiento o cuando las instituciones comienzan a mirar aquello que durante años habían ignorado.

Al conocer la noticia de su reconocimiento, Pillay habló de los mensajes recibidos de personas de distintas partes del mundo y de la esperanza que el premio había despertado. Me parece que esa palabra, esperanza, tiene un significado particular en tiempos en los que resulta fácil perder la confianza en las instituciones.

No porque un reconocimiento internacional pueda resolver los conflictos o las injusticias que persisten, sino porque nos recuerda que existen personas que han dedicado su vida a enfrentarlas y que su trabajo puede dejar huellas que trascienden generaciones.

Quizá una de las enseñanzas más importantes de esta historia sea recordar que la paz no comienza únicamente cuando termina una guerra. También se construye cuando una persona puede ejercer sus derechos sin discriminación, cuando las víctimas encuentran justicia y cuando las instituciones cumplen con la responsabilidad de proteger la dignidad humana.

Y esa tarea no corresponde solamente a quienes ocupan los grandes tribunales internacionales. También nos pertenece a quienes, desde nuestras aulas, profesiones e instituciones, tenemos la posibilidad de contribuir a una sociedad más justa.

Porque, al final, el verdadero sentido del derecho no está únicamente en las normas que somos capaces de construir, sino en las vidas que esas normas pueden transformar.

La autora es Doctora en Derecho, académica en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo e integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores.