Lecciones aprendidas
Yurisha Andrade Morales*
El desenlace de las elecciones judiciales continúa en medio de una amplia deliberación pública que polariza a diversos segmentos de la sociedad en dos posturas extremas: la que sostiene que fue un éxito y la que, por el contrario, considera que no lo es. Al margen de la defensa de argumentos ideológicos o políticos considero que debe iniciarse la revisión de los efectos generados por el marco normativo de la reforma judicial y de los resultados concretos de las elecciones que ya se advierten en los primeros resultados.
La revisión es pertinente por diversas razones, algunas las comparto en esta aportación: Primera. La segunda mitad de las plazas judiciales se elegirá en 2027, en forma simultánea a la renovación de las 500 diputaciones federales, 16 gubernaturas y/o ayuntamientos y congresos locales en, al menos, 30 entidades federativas; y, aún y cuando se tendrá mayor tiempo para la planeación de la logística electoral, el modelo actual implica casillas separadas, como ocurrió en Durango y Veracruz, debido a que los partidos políticos tienen prohibición para participar en los comicios judiciales, por lo que no acreditan representaciones ante las mesas directivas de casillas. Considerando las implicaciones presupuestales y la densidad operativa, el dilema consiste en saber si se instalarán dos grupos diferenciados de casillas y si las elecciones serán el mismo día o se separan las jornadas comiciales en fechas distintas.
Segunda. La participación ciudadana de las elecciones federales, considerando los resultados para la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, alcanzó el 13.01%, cifra que se ubica dentro del rango de estimación que informó el INE el domingo pasado por la noche. Adicionalmente, concluido el cómputo de esta elección, se registran 12.6 millones de votos nulos que equivalen al 10.8% del total, más 14 millones de cuadros no utilizados, es decir, de cuadros que se dejaron en blanco sin que se anulara la totalidad de la boleta, los cualessignifican el 12% del total. En el ámbito de elecciones locales judiciales también se dieron participaciones bajas, como en Michoacán con el 10.3%. Este es un tema de la mayor relevancia que ha generado discusiones públicas sobre la legitimidad de las elecciones, pero el dilema consiste en saber cómo se abatirá la baja participación resolviendo problemas que evidencian falta de información entre la ciudadanía, las limitaciones de las campañas para que las candidaturas difundieran su imagen y propuestas y la falta de interés ciudadano en una ecuación que nos dice que de cada 10 electores, solo votaron 1.3, mientras que 8.7 no acudieron a las urnas.
Tercera. Debido a la complejidad que implican las elecciones judiciales y la falta de tiempo para una planeación más precisa, las autoridades competentes deberán revisar la geografía electoral judicial que, al no coincidir con la geografía electoral de las demás elecciones, rompió el principio universal consistente en que el voto de cada persona pesa lo mismo. En efecto, la división judicial actual indica la existencia de 32 circuitos judiciales que el INE convirtió en 60 distritos electorales judiciales, cuyos contornos deben revisarse, pues no hay proporcionalidad entre el número de los distritos y la cantidad de electores en cada uno de ellos. Ejemplo: el Estado de México registra alrededor de 13.1 millones de personas en los listados de electores, tiene tres distritos judiciales, con un promedio de 4.4 millones de electores, mientras que la CDMX, con 7.9 millones en sus listados nominales, tiene 11 distritos judiciales con 705 mil votantes en cada uno. Como puede verse, el peso de los votos es distinto, además de que algunas plazas de personas juzgadoras con competencia nacional, en materia económica y telecomunicaciones, se eligieron solo en el distrito 01 de la CDMX.
Cuarta. Los efectos de la distribución masiva de los llamados acordeonesdeben revisarse frente al reconocimiento de que el voto es libre, universal y secreto y frente a la tipificación actual establecida en la Ley General de Delitos Electorales.
La revisión de los resultados y efectos de las elecciones judiciales apenas empieza. Las lecciones aprendidas las completaremos cuando se tengan todos los resultados, se resuelvan las denuncias y quejas y podamos realizar estudios más acuciosos e integrales sobre los impactos en nuestro Estado de Derecho, en la administración de justicia y en la democracia mexicana.
*Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
