Finalizar la obra detenida en Zamora demandaría 26 millones, un monto que podría ser gestionable con el presupuesto del Poder Judicial

Morelia, Michoacán.- Una obra para juzgados del poder judicial que debían terminarse en 2012 aproximadamente, se encuentra parada por un conflicto legal entre la empresa y la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP).

El magistrado presidente del Supremo Tribunal del Poder Judicial de Michoacán, Jorge Reséndiz García, calificó la situación del inmueble judicial en Zamora como el mayor pendiente de su administración, e incluso lo refirió como un “trauma” que se lleva, pues le pesa mucho no haber logrado destrabar el conflicto.

El edificio, diseñado originalmente para el sistema penal acusatorio, vigente desde 2008, permanece en obra negra desde hace más de una década, debido a conflictos contractuales entre la inmobiliaria responsable, la empresa constructora y el propio Poder Judicial.

La falta de acuerdos ha dejado en el limbo una inversión millonaria y un espacio crucial para la operación judicial en la región. El magistrado explicó que la construcción del inmueble inició en 2009 como parte del impulso al nuevo sistema penal, pero para 2012 las obras fueron detenidas tras desacuerdos sobre modificaciones estructurales y ajustes presupuestarios.

“El proyecto avanzó hasta un 70 por ciento, pero con los años y la falta de mantenimiento, ahora se encuentra al 65 por ciento de progreso, en condiciones de obra negra”, detalló.

Además, el abandono temporal del lugar dio paso a actos de vandalismo, lo que incrementó los costos de recuperación.

La solución al conflicto requiere la rescisión anticipada del contrato con la inmobiliaria, un proceso que, según Reséndiz García, no ha avanzado debido a la falta de acuerdos sobre la liquidación.

A pregunta expresa, estimó que retomar y finalizar la obra demandaría 26 millones, un monto que podría ser gestionable con el presupuesto del Poder Judicial si se logra resolver el conflicto legal. Sin embargo, mientras no exista claridad jurídica sobre la posesión del inmueble, el recurso no puede ser aplicado.

“Jurídicamente, la posesión sigue en manos de la empresa, aunque de hecho la tenemos nosotros, ya que el edificio está bajo vigilancia del Poder Judicial para evitar más daños”, señaló el magistrado.

Agregó que no se han presentado demandas legales contra la empresa ni la inmobiliaria, ya que se busca una solución pacífica que permita retomar la obra sin agotar recursos en procesos judiciales prolongados.

Impacto en la justicia de la región

La falta de instalaciones adecuadas en Zamora ha afectado directamente la operación judicial en una de las regiones con mayor actividad penal en el estado.

Actualmente, los juzgados trabajan en espacios improvisados o rentados, lo que representa un gasto recurrente que podría evitarse con la habilitación del edificio.

Además, esta situación ha dificultado la implementación de sistemas modernos, como el procesal civil y familiar, que exigen infraestructura adaptada a las nuevas tecnologías y modelos de gestión.

Reséndiz García expresó su frustración por no haber logrado resolver este problema durante sus tres años al frente del Poder Judicial.

Proyección a futuro

A pesar de los esfuerzos de la administración saliente, la resolución del conflicto queda en manos de las autoridades que asumirán la conducción del Poder Judicial en 2024.

El magistrado presidente confió en que su sucesor priorice este asunto, ya que la rehabilitación del inmueble es crucial para optimizar la operación judicial en Zamora y evitar que el problema continúe creciendo.

Mientras tanto, se elabora un proyecto para retomar la construcción en cuanto se resuelva la situación legal. Según Reséndiz García, el inmueble podría estar listo en menos de un año tras la reactivación de las obras, siempre y cuando se asignen los recursos necesarios en el presupuesto 2025.

Este caso ilustra los retos que enfrenta el Poder Judicial de Michoacán en la gestión de recursos y proyectos estratégicos, evidenciando la necesidad de mejores mecanismos de control y seguimiento en obras públicas esenciales para el acceso a la justicia.