El Gobierno de México critica la medida que también es discriminatoria; pero es impugnable, al amparo del convenio que tienen ambos países desde 1994.

Juan Carlos Huante / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. En 2024 las remesas enviadas a México desde Estados Unidos alcanzaron 64 mil 700 millones de dólares, equivalentes al 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB) mexicano y Michoacán, junto con Guanajuato, lideraron la recepción con un 8.7% del total; les siguieron Jalisco (8.5%), Ciudad de México (7.2%) y el Estado de México (7.1%), informó este viernes el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora.

El funcionario federal agregó que las remesas representan el 11% del PIB de Michoacán, 16% del de Chiapas, 14% del de Guerrero y 11% del de Zacatecas. Además, en general, los envíos de dólares llegan a constituir más del 20% del ingreso familiar y contribuyen a la reducción de la pobreza y al mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades receptoras.

Lo anterior fue expuesto en la “mañanera del pueblo” de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en el marco de la propuesta, apoyada por Donald Trump, de los legisladores republicanos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos de aplicar un impuesto de 5% sobre los envíos de remesas desde ese país, medida que, de acuerdo con el Gobierno de México, sería discriminatoria y constituiría una violación a un tratado que tienen ambos países desde 1994.

Amador Zamora explicó que el convenio firmado el 18 de septiembre de 1992 en Washington D.C, y que entró en vigor dos años después, indica que “a los efectos de este Convenio, la expresión “residente de un Estado Contratante” significa toda persona que en virtud de la legislación de este Estado esté sujeta a imposición en él por razón de su domicilio, residencia, sede de dirección, lugar de constitución o cualquier otro criterio de naturaleza análoga. Sin embargo, esta expresión no incluye a las personas que estén sujetas a imposición en este Estado exclusivamente por la renta que obtengan procedente de fuentes situadas en el citado Estad”.

En este sentido, el secretario de Hacienda recalcó que las remesas que envías los paisanos mexicanos que viven en Estados Unidos ya se les aplican los impuestos correspondientes, por lo que el gravamen adicional sería una doble tributación y esto implicaría una discriminación en términos fiscales, como también lo establece el artículo 25 del citado convenio: “Los nacionales de un Estado Contratante no serán sometidos en el otro Estado Contratante a ningún impuesto u obligación relativa al mismo que se no se exija o que sea más gravoso que aquellos a los que están o puedan estar sometidos los nacionales de ese otro Estado que se encuentren en las mismas condiciones”.

La propuesta del Partido Republicano “iría contra las prácticas internacionales, un incumplimiento de un tratado que iría contras las propias normas internas de Estados Unidos”, reiteró Edgar Amador, quien también aseveró que puede ser impugnable en términos legales.

Por su parte, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su desacuerdo con ese impuesto por ser discriminatorio y porque viola el tratado.

Dio a conocer que el Gobierno de México ha enviado cartas a los legisladores estadounidenses y la próxima semana el embajador mexicano en Estados Unidos se va a reunir con distintas organizaciones de connacionales para explicar “por qué no es buena idea” el impuesto; también estará apoyando una comisión del Senado de la República integrada por senadores de todos los partidos políticos mexicanos.

El titular de la Secretaría de Hacienda también expuso que el 99.1% de las remesas que se recibieron en México el año pasado fueron a través de transferencias electrónicas. Precisó que de los envíos que llegan al país, 97% proviene de los mexicanos en Estados Unidos, principalmente de California (33%), Texas (14%) y Colorado (4%).

Y puntualizó que las y los trabajadores mexicanos en Estados Unidos ya pagan impuestos a tasas entre el 10% y el 37%.