Redacción / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. A medida que el crimen organizado amplía su presencia en territorios ricos en recursos, quienes protegen la tierra, los bosques y el agua se convierten cada vez más en blancos

Los grupos criminales en México se han incrustado profundamente en las disputas por la tierra y los recursos naturales −no solo mediante economías ilegales como la minería y la tala, sino también a través del control territorial en regiones donde el Estado es débil o cómplice−. En muchos casos, el crimen organizado no actúa solo; opera junto a −o con el respaldo de− funcionarios públicos, empresas privadas y autoridades locales.

Así lo pusieron de manifiesto Felipe Romero e Itzel Arteaga, autores del reciente “Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México (2024)” del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), una organización que documenta y denuncia la violencia contra los defensores ambientales en el país. Su trabajo arroja luz sobre una realidad tan sombría como persistente: a medida que el crimen organizado amplía su presencia en territorios ricos en recursos, quienes protegen la tierra, los bosques y el agua se convierten cada vez más en blancos.

A pesar de que en 2024 se registraron menos eventos violentos en comparación con 2023, aumentaron los ataques letales. Sobre esto Felipe Romero señala que sí se ha identificado siempre un número importante de agresiones. “En 2014, identificamos 78 eventos de agresión y cuatro agresiones letales, lo cual es un número alto. Si bien estas cifras eran preocupantes, no eran tan altas como ahora que hemos identificado arriba de 100 agresiones o eventos de agresión. Evidentemente, no es un análisis exhaustivo, pero sí es un reflejo de lo que pasa en México, pues hay zonas consideradas focos rojos de agresiones del crimen organizado.

En 2024 hubo gente del Estado de México, de Chihuahua, de Sinaloa, de Sonora, de Baja California, que, según Felipe Romero, dijo: “No quiero dar información porque me pongo en un riesgo mayor”. Lo mismo se ha identificado en estados como Michoacán, Colima, Jalisco, Sonora y las Baja California, señaló Felipe Romero.

Por su parte, Itzel Arteaga agregó que en Chiapas, hay varios grupos de crimen organizado que se están disputando el territorio y eso genera múltiples de agresiones, incluso que no se logran documentar porque no se tiene la información, ni siquiera por contacto directo, porque la gente tiene temor. “También diría que Chihuahua es un ejemplo de esa presencia tan fuerte del crimen organizado que ya no está habiendo presencia estatal. Tenemos una asesoría relacionada con la Sierra Tarahumara, en la cual las personas, literalmente, son desplazadas de sus comunidades. Ya no hay maestros, no hay médicos, no hay abogados, no hay gente en las comunidades, porque el crimen organizado tiene una presencia muy fuerte”.

La activista también puso sobre la mesa el tema de las agresiones a ambientalistas para proteger los megaproyectos. “Hay muchos megaproyectos en México. ¿Quiénes son los actores dentro de estos megaproyectos? Pues el Estado, las empresas privadas y el crimen organizado. Nosotros tenemos categorías de quienes son las principales víctimas, y las principales año a año son las comunidades indígenas que realmente son quienes protegen los territorios y las tierras conforme a su cosmovisión. Entonces, no es casualidad que sean las principales atacadas, dado que son los guardianes de los territorios en donde se pretenden implementar los megaproyectos”.

Felipe Romero, en tanto, explicó los patrones que están surgiendo en regiones donde los grupos criminales actúan como poderes territoriales de facto. “Un ejemplo puede ser el caso de la comunidad de Ostula, Michoacán, que nos parece que hay una lucha fuerte por el control del territorio y por la defensa sobre todo de las comunidades.

“Donde el Estado no existe, donde las comunidades tienen policías comunitarias o, incluso, autodefensas, y hay una batalla real contra el crimen organizado. Entonces la desaparición es un ejemplo claro de la presencia del crimen organizado, de la ausencia del Estado, de la lucha que tuvieron que hacer las comunidades para organizarse y conformar una defensa armada, realmente, porque no hay de otra”.

Pero esta situación no sería posible son la relación de los grupos criminales y las fuerzas de seguridad del Estado, y Felipe Romero ejemplificó con el caso de Higinio Cruz, en Guadalajara, que era una persona defensora muy activa en contra de proyectos forestales, en contra de la deforestación y de la extracción de madera, pero también en contra de proyectos mineros en su región. “Lo cita una autoridad municipal. Él llega al Ayuntamiento, tiene la reunión. Se tiene información de que a él lo sacan por atrás de las instalaciones. Lo saca el crimen organizado y, se entiende, que fue el Ayuntamiento, la autoridad municipal, quien entregó a este defensor al crimen organizado. E Higinio desaparece. Unos días después es encontrado su cuerpo. Este tipo de ejemplos visibiliza el tipo de problema más grave que se está presentando en México, con ciertas características: comunidades indígenas, territorios con recursos naturales, presencia del crimen organizado, intereses de empresas mineras o transnacionales en esos recursos, ausencia del Estado, y la presencia de agresiones letales y otros tipos de agresiones en contra de personas defensoras y de las comunidades”.

Pero el Estado tiene otra herramienta para atentar contra los ambientalistas, que es la criminalización de los líderes del movimiento, del colectivo que se esté oponiendo a tal proyecto. “La criminalización es en sí una agresión que realiza el Estado, porque están utilizando instituciones del Estado para poder hacer esta acusación falsa. Pero a veces las propias empresas incentivan estos procesos. Es decir, las empresas denuncian a las personas defensoras y el Estado se presta para llevar la investigación en contra de una persona defensora, sin tomar en consideración este contexto”, comentó Itzel Arteaga.

Cuestionados por InsightCrime sobre qué cambios han observado en la respuesta del Estado desde que CEMDA comenzó a publicar estos informes hace más de una década, Felipe Romero destaca el Acuerdo de Escazú, que en su artículo 9 habla de las obligaciones de los Estados para garantizar contextos seguros y propicios para realizar la labor de defensa ambiental y en otros dos párrafos habla de las acciones preventivas que los Estados tienen que hacer. “Y, en ese marco, cabe realmente una política fuerte, que vaya a las causas estructurales de la violencia en México en asuntos ambientales. Y, por otra parte, los Estados tienen que implementar medidas de reacción, que cuando ya hay una agresión, haya un mecanismo de protección para esas personas defensoras”.

Pero para Itzel Arteaga, la respuesta del Estado también depende de la voluntad política de quienes ocupen los cargos con poder de decisión. “En algún momento hubo una línea de estigmatización a la labor de personas defensoras muy marcada, y eso generó una línea de trabajo, probablemente implícita, de no colaborar tanto con personas defensoras, con organizaciones de la sociedad civil, etcétera”.