El problema de los aviadores en la educación michoacana drena recursos vitales y afecta gravemente la calidad educativa.
Desde el arranque operativo de Mexicanos Primero Michoacán, acaecida en 2009, quienes seguimos de cerca la política educativa en Michoacán hemos denunciado una anomalía que representa no solo un agravio a las finanzas públicas, sino una traición directa a las niñas, niños y jóvenes de nuestro estado: la existencia de personal en la nómina magisterial que cobra sin trabajar. Los “aviadores” son una realidad documentada que ha drenado miles de millones de pesos que debieron destinarse a mejorar la educación michoacana.
En Michoacán, la situación ha sido particularmente grave. El estado reporta un déficit presupuestal por más de tres mil millones de pesos solo por el pago de nómina magisterial. Aunque las autoridades han sido cautelosas al ofrecer cifras específicas en la entidad, reconocen recientemente 20 aviadores, pero podrían ser muchos más porque hay otros trabajadores que están siendo investigados.
El fenómeno de los aviadores en Michoacán tiene raíces históricas profundas. Desde la creación del sistema educativo estatal en 1978, paulatinamente se fue inflando la nómina con personal que respondía a compromisos políticos, familiares de líderes sindicales y funcionarios, y negociaciones opacas entre autoridades y organizaciones magisteriales.
La caja grande de los gobiernos subnacionales en materia de nómina se convirtió en un botín político. Durante décadas, gobernadores y secretarios de educación utilizaron las plazas docentes como moneda de cambio político. Hijos de personajes poderosos que nunca se presentaron a trabajar. Familias completas que heredaban plazas como si fueran propiedades privadas. Dirigentes sindicales que cobraban como maestros mientras realizaban funciones partidistas o simplemente no trabajaban.
El deterioro se aceleró cuando hubo desavenencias entre gobiernos federal y estatal en torno a la transparencia. La negativa a rendir cuentas sobre la nómina magisterial se convirtió en una constante. La Auditoría Superior de la Federación encontró que en 2018, la mitad de los maestros no justificó su ausentismo y que 29.7 millones de pesos se destinaron al pago de personas que ocuparon cargos de elección popular.
México Evalúa documentó que al menos 100,000 maestros a nivel nacional reciben salarios sin trabajar en salones, y que cuando el gobierno federal detuvo los pagos a comisionados sindicales, las entidades simplemente los transfirieron a puestos administrativos para que siguieran cobrando.
¿A qué se dedican mientras cobran? Los aviadores del sistema educativo michoacano se dedican a actividades que van desde lo cuestionable hasta lo francamente criminal:
- Actividades políticas: Muchos están comisionados de facto a partidos políticos, trabajando en campañas electorales o desempeñando funciones partidistas mientras cobran como docentes.
- Funciones en otros niveles de gobierno: Personal que ocupa cargos en ayuntamientos, dependencias estatales o incluso federales, manteniendo su plaza educativa como ingreso adicional.
- Empresas o negocios privados: Aviadores que atienden sus propios negocios en horario que debería estar dedicado a la enseñanza.
- Actividades delictivas: Casos documentados de personas que, rodeadas de total impunidad, se dedican a delinquir mientras formalmente aparecen en la nómina educativa. La colusión entre aviadores y el crimen organizado en algunas regiones de Michoacán es un secreto a voces que nadie se atreve a investigar a fondo. Recientemente, la organización Revolución Social documentó el caso de un intendente en la secundaria “José María Morelos” de Huajúmbaro, quien se dedica de tiempo completo a delinquir en Morelia.
- Simplemente no trabajar: El caso más común pero no menos grave, personas que sin justificación alguna cobran sin presentarse jamás a un centro educativo.
El daño causado por los aviadores trasciende el mero desvío de recursos. Sus efectos son múltiples y profundos:
- Impacto financiero: Los miles de millones que se han ido en pagos a aviadores pudieron haberse invertido en infraestructura escolar, materiales didácticos, capacitación real de docentes o programas de apoyo a estudiantes. Con un presupuesto proyectado de apenas 91 pesos por alumno en 2026 para capacitación a nivel federal, prácticamente no se podrá hacer nada en materia de formación continua o innovación pedagógica.
- Déficit de maestros: Mientras aviadores cobran sin trabajar, miles de escuelas rurales e indígenas carecen de maestros suficientes. La paradoja es cruel: sobra dinero en la nómina para quienes no trabajan, pero falta para contratar docentes donde realmente se necesitan.
- Deterioro en la calidad educativa: Antes de la pandemia, 7 de cada 10 estudiantes michoacanos no alcanzaban niveles satisfactorios en las evaluaciones de aprendizaje. Esta debacle tiene múltiples causas, pero la desviación de recursos por aviadores es sin duda una de ellas.
- Desmoralización del magisterio honesto: Los maestros que diariamente se presentan a trabajar, muchas veces en condiciones precarias y en comunidades marginadas, ven cómo sus compañeros aviadores cobran lo mismo o más sin hacer nada. Esto genera frustración, desánimo y sentimiento de injusticia.
- Pérdida de confianza social: La población michoacana ha perdido fe en el sistema educativo. Las denuncias sobre aviadores, aunque ciertas, han manchado la imagen del magisterio en general, afectando incluso a los maestros comprometidos.
- Perpetuación de la desigualdad: La brecha educativa entre zonas urbanas y rurales se profundiza cuando los recursos que podrían cerrarla se evaporan en pagos irregulares. Como se ha documentado, la diferencia entre la educación que recibe un niño en Morelia y otro en la Sierra-Costa michoacana es abismal.
Al respecto, se propone un decálogo de medidas concretas, viables y urgentes para erradicar definitivamente a los aviadores del sistema educativo michoacano:
- Transparencia Radical de la Nómina. Publicar en el portal de la SEE, actualizada quincenalmente, la nómina completa del magisterio y personal administrativo con: nombre completo, plaza(s), centro(s) de trabajo, función específica, nivel salarial y antigüedad.
- Si la nómina es pública, la ciudadanía puede verificar. Los padres de familia podrán constatar si el maestro que cobra está en la escuela de sus hijos. Esta medida por sí sola inhibiría la mayor parte del fraude.
- Censo Físico Inmediato con Verificación Biométrica. Implementar inmediatamente el censo de maestros prometido en 2019 por el presidente López Obrador, utilizando al INEGI como organismo autónomo y técnico. Cada docente y trabajador registrado en nómina debe presentarse físicamente, con identificación oficial, comprobante de domicilio y constancia firmada por el director del plantel donde labora.
- Sistema de Control de Asistencia con Tecnología. Instalar en todas las escuelas (comenzando por las urbanas y semiurbanas) sistemas de registro de asistencia con huella digital o reconocimiento facial conectados en tiempo real a la base central de la SEE. Para escuelas rurales sin conectividad, implementar dispositivos portátiles con sincronización semanal.
- Auditorías Sorpresa Semanales. Crear un equipo de auditores itinerantes realicen visitas sorpresa semanales a escuelas para verificar presencia física del personal registrado en nómina. Los auditores deben rotar territorios mensualmente para evitar colusión. La verificación presencial es insustituible. Las visitas sorpresa generan incertidumbre que inhibe el fraude.
- Eliminación Total de “Comisiones gremiales” Pagadas por el Estado. Prohibir absolutamente que el erario estatal pague a personal “comisionado” a actividades gremiales. El Estado no tiene por qué financiar las actividades internas de las expresiones gremiales sin toma de nota.
- Sanciones Penales Ejemplares. Reformar el Código Penal del Estado para tipificar como delito grave (no sujeto a libertad bajo fianza) el cobro de salarios del erario educativo sin prestar el servicio correspondiente. Penas de 5 a 12 años de prisión y restitución del dinero defraudado.
- Protección y Recompensa para Denunciantes. Crear un programa estatal de protección a denunciantes de corrupción educativa con: anonimato garantizado, protección policial si es necesario, imposibilidad de represalias laborales, y recompensas económicas (5% del monto recuperado) cuando la denuncia derive en comprobación del fraude y recuperación de recursos.
- Los maestros honestos, directores íntegros y ciudadanos comprometidos conocen quiénes son los aviadores, pero callan por miedo. Un programa robusto de protección y recompensa desataría una oleada de denuncias que ninguna estructura corrupta podría resistir.
- Profesionalización y Renovación de los Órganos de Control. Destituir a los titulares de los Órganos Internos de Control que hayan sido omisos en detectar y sancionar aviadores. Nombrar nuevos titulares mediante concursos públicos con evaluaciones técnicas rigurosas, perfiles verificados y contratos de desempeño con metas específicas.
- Participación Ciudadana en la Vigilancia. Crear Consejos Ciudadanos de Vigilancia de la Nómina Educativa en cada región, integrados por académicos, representantes de organizaciones civiles, padres de familia y ciudadanos sin vínculos políticos o sindicales. Estos consejos tendrán acceso a información de nómina (anonimizada en datos personales sensibles) y capacidad de solicitar auditorías específicas.
- La vigilancia no puede depender solo de autoridades que han demostrado ser parte del problema. La participación ciudadana organizada, con acceso a información y facultades reales, es el único contrapeso efectivo contra estructuras corruptas enquistadas.
- Federalización Condicionada de la Nómina. Retomar el proceso de federalización de la nómina educativa michoacana anunciado en 2019, pero condicionándolo a la depuración previa mediante las medidas anteriores. La federación no debe asumir una nómina corrupta sin antes limpiarla. Establecer un período de transición de 18 meses donde se implementen simultáneamente todas las medidas previas y, solo después de verificar la reducción del problema, proceder a la transferencia.
Después de 16 años de denunciar esta situación, el panorama ha mejorado muy escasamente, pero el problema de fondo permanece. La diferencia es que ahora tenemos más herramientas: transparencia digital, sistemas biométricos, participación ciudadana organizada y, sobre todo, una sociedad michoacana más informada y menos dispuesta a tolerar la corrupción.
La pregunta no es si podemos permitirnos el lujo de implementar estas medidas. La pregunta es: ¿cuánto más podemos permitirnos seguir pagando el costo moral, social y económico de mantener este sistema corrupto?
Los niños michoacanos, que son el verdadero futuro de nuestro estado, merecen una respuesta urgente. Y esa respuesta debe incluir transparencia radical, tecnología de control, sanciones ejemplares, protección a denunciantes y, sobre todo, voluntad política real para enfrentar a las estructuras de poder que se benefician del saqueo educativo.
El momento de actuar es ahora. Cada día que pasa sin implementar estas soluciones es un día más de traición a la niñez michoacana. La historia nos juzgará no por nuestras denuncias, sino por nuestra capacidad de transformar la indignación en cambio real.
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Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.
