Morelia, Michoacán
Cuando sicarios acribillaron a Fernando Chávez López, alcalde de Buenavista Tomatlán, el 8 de julio del 2005, comenzó una etapa de ataques armados contra presidentes municipales que, en 20 años, no ha cesado en Michoacán.
Aquella tarde, “El Güero” Chávez, como también conocían al edil del municipio más próspero en la entidad en producción de limón, libró una persecución a balazos sobre la carretera Apatzingán–Buenavista acompañado de su escolta, pero metros antes de llegar al Palacio Municipal fue ultimado de varios disparos.
El crimen fue atribuido en investigaciones judiciales al Cártel del Golfo, que en esos tiempos peleaba el control del territorio a grupos delictivos locales que, un año después, dieron vida a La Familia Michoacana.
Y, desde entonces, el crimen organizado no ha dado tregua.
A ese asesinato le siguieron el de Juan Marcelo Ibarra, edil de Villa Madero (2008); Octavio Carrillo Castellanos, de Vista Hermosa (2009); Gustavo Sánchez Cervantes, de Tanhuato (2010); Ricardo Guzmán Romero, de La Piedad (2011); Wilfrido Flores Villa, de Nahuatzen (2013); Ygnacio López Mendoza, de Santa Ana Maya (2013); y Gustavo Garibay, de Tanhuato (2014).
Esos crímenes ocurrieron durante el periodo en el que Michoacán fue gobernado por los perredistas y ahora morenistas Lázaro Cárdenas Batel – Jefe de Oficina de la Presidenta Claudia Sheinbaum – y Leonel Godoy – diputado federal -, así como por el priista Fausto Vallejo Figueroa.
Bajo el gobierno del perredista Silvano Aureoles, entre 2015 y 2021, la situación no fue distinta. Murieron en hechos violentos Stalin Sánchez, edil de Paracho (2017); Alejandro Chávez Zavala, de Taretan (2018); Eliseo Delgado Sánchez, de Buenavista (2018) y Daniel Otlica, de Nahuatzen (2019).
Bajo el gobierno morenista de Alfredo Ramírez Bedolla (2021-2027), otros alcaldes han sido también asesinados y, lo que no había sucedido en el pasado, el cañón de los criminales ya apuntó hacia las mujeres que están al frente de los ayuntamientos.
La lista de víctimas comenzó con Enrique Velázquez Juárez, de Contepec (2022), y le siguieron César Arturo Valencia Caballero, de Aguililla (2022); Guillermo Torres Rojas, de Churumuco (2024); Yolanda Sánchez Figueroa, de Cotija (2024); Salvador Bastida García, de Tacámbaro (2025); Martha Laura Mendoza Mendoza, de Tepalcatepec (julio de 2025), y el más reciente, Carlos Manzo, de Uruapan, el pasado 1 de noviembre.
A estos casos se suma la desaparición de Gilberto Mejía, presidente municipal electo de Penjamillo y quien fue levantado semanas antes de asumir el cargo tras las elecciones del 2021 y, a la fecha, no ha sido localizado.
Al menos seis de los alcaldes abatidos habían denunciado públicamente presiones o amenazas del crimen organizado y, en el caso de Manzo, éste los enfrentó y llegó a advertir que sus policías tenían órdenes de abatir a delincuentes, al tiempo que pedía el auxilio de la Federación.
En total, 19 ediles ajusticiados en dos décadas – siete de ellos en los últimos cuatro años – y ningún operativo especial instrumentado por el gobierno federal, hasta ahora, ha logrado frenar la ola de asesinatos-.
