Austin, EUA.- El Gobierno de Estados Unidos sancionó este martes a Raymundo Ramos, un activista mexicano conocido por denunciar haber sido espiado por el Ejército mexicano, y lo acusó de tener nexos con el narcotráfico.

El Departamento del Tesoro congeló hoy todas las propiedades y activos que Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (Tamaulipas), pueda tener en EUA. y prohibió a las personas estadounidenses hacer negocios con él.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro acusó a Ramos de “liderar” una campaña de desinformación en contra de las autoridades mexicanas, “haciéndose pasar por un activista de derechos humanos”, en beneficio del Cartel del Noreste (CDN), cuya base de operaciones se encuentra en Nuevo Laredo.

El Gobierno de EUA, sin embargo, no presentó una acusación formal contra Ramos ni publicó documentos que sustenten estas denuncias.

A mediados de 2023, tanto Ramos como varios medios de comunicación de México y el diario The New York Times revelaron que el Ejército mexicano —bajo el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024)— usó el spyware Pegasus para espiar a Ramos y a reporteros locales que investigaban denuncias de ejecuciones extrajudiciales.

En el comunicado de este martes, EUA tildó de “falsas” las denuncias que Ramos ha presentado contra el Ejército y lo acusó de pagar a personas “para que asistan a protestas” con el fin de “proteger la reputación (...), mejorar la percepción pública del cartel y desacreditar” a las autoridades mexicanas.

Nuevo Laredo, en la frontera con Texas, es una de las ciudades más azotadas por los enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales y organizaciones del crimen organizado, así como por disputas entre estos grupos.

Según cifras de junio de 2025 del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), Nuevo Laredo se mantiene entre los municipios con más personas desaparecidas del país, con alrededor de 2 mil 300 a 2 mil 700 casos acumulados desde 2010.

El Cartel del Noreste (CDN) es uno de los grupos narcotraficantes que el Gobierno de Donald Trump ha designado como organización terrorista, junto con el Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cartel del Golfo, Cárteles Unidos y la Nueva Familia Mexicana.