El gobernador busca que se sancione la exaltación del crimen y de sus perpetradores, minimizando o justifican los hechos constitutivos de un delito.

Redacción / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. Para combatir la violencia y la criminalidad en el estado, el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma al Código Penal de Michoacán, la cual tiene como objetivo tipificar y sancionar la apología del delito. La propuesta presentada este lunes a la 76 Legislatura busca ser un instrumento adicional para prevenir la violencia, especialmente en contextos donde los delitos son promovidos como un estilo de vida o como una opción válida para resolver problemas sociales.

La apología del delito, un fenómeno que ha ganado terreno en diversas regiones del país, implica la glorificación, justificación o incitación a la comisión de actos delictivos. Esta conducta, ya reconocida en el Código Penal Federal, no había sido considerada de manera específica en la legislación estatal, lo que limita las herramientas jurídicas para hacer frente a este tipo de prácticas que afectan la percepción social sobre la criminalidad.

Según la exposición de motivos presentada por el gobernador, la apología del delito es una de las causas principales de la normalización de comportamientos delictivos en ciertas comunidades, particularmente entre la juventud. La influencia de narcocorridos, series de televisión y otros contenidos que exalta la violencia, la delincuencia organizada y el consumo de sustancias ilícitas, ha permeado en sectores vulnerables de la población, afectando especialmente a niños, niñas y adolescentes.

La reforma propuesta incorpora la figura de la "provocación a cometer un delito y apología de este o de algún vicio" en el Código Penal del Estado de Michoacán, con sanciones que van de tres a seis meses de prisión y de ochenta a ciento cincuenta UMAS (Unidades de Medida y Actualización), si el delito promovido no se ejecuta. En caso de que el delito instigado se consuma, se aplicará la pena correspondiente por la participación en el mismo.

El nuevo capítulo del Código Penal también contempla sanciones para aquellos que, mediante el uso de cualquier medio de difusión —como mantas, volantes, imágenes o canciones— hagan apología de grupos delictivos o personas vinculadas a actividades ilícitas. Con ello, el gobierno busca frenar la difusión de mensajes que exalten la violencia y la delincuencia organizada, especialmente aquellos que incitan a la juventud a formar parte de este tipo de actividades.

El gobernador Ramírez Bedolla destacó que esta reforma no atenta contra la libertad de expresión, ya que solo busca sancionar aquellos discursos que promuevan la criminalidad y no las expresiones ideológicas generales. Se busca, en cambio, proteger los bienes jurídicos fundamentales, como la vida, la salud, la libertad, la integridad y los derechos humanos de la población.

La iniciativa responde a un creciente malestar social frente a la violencia que afecta a las familias michoacanas y, en particular, a las mujeres, quienes son víctimas de la normalización de la violencia de género en muchos contextos sociales. La apología del delito, cuando se convierte en un fenómeno de masa, puede tener graves repercusiones en la cultura y las actitudes hacia la criminalidad, afectando los valores de la sociedad y contribuyendo a la descomposición del tejido social.

Ejemplos recientes, tanto en Michoacán como en otras partes del país, han evidenciado los peligros de permitir la difusión de contenidos que glorifican la delincuencia organizada. En Nayarit, por ejemplo, se propuso prohibir los narcocorridos en eventos escolares, mientras que en otros estados como Coahuila y Chihuahua se han implementado sanciones económicas para frenar la difusión de estos contenidos.

Con la presentación de esta iniciativa, se espera que los legisladores de Michoacán discutan y aprueben esta reforma, la cual entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. La medida representa un esfuerzo más por consolidar un estado más seguro, con una ciudadanía más consciente de los riesgos de normalizar la violencia y la criminalidad.