Ciudad de México
Mediante una nota diplomática, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de la Misión Permanente de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), expresó su rechazo a algunas de las recomendaciones contenidas en el informe preliminar emitido por la Misión de Observación Electoral (MOE) tras los comicios del 1 de junio.
Mediante un comunicado dirigida al secretario general de la OEA, el Gobierno afirmó que la entidad rebasó su mandato e incurrió en acciones contrarias a los principios establecidos en la carta de la Organización, en particular el artículo 3 (e), que reconoce el derecho de los Estados a organizar su sistema político y judicial sin injerencias externas.
La SRE sostuvo que la OEA carece de facultades para emitir juicios sobre la forma en que los países deben conformar su Poder Judicial y calificó como indebida la emisión de valoraciones que exceden sus atribuciones.
¿Qué dijo la OEA?
Al presentar su informe final sobre las elecciones judiciales del 1 de junio, la OEA recomendó a todo el continente no replicar este proceso de nombramiento por voto popular de ministros, jueces y magistrados
En el documento se señalaron diversas desventajas de estos comicios que no tienen precedentes a nivel mundial: el riesgo de pérdida de la independencia judicial; la confusión en el electorado con las múltiples opciones de voto en las boletas, la escasa participación y amplia nulidad de los votos, y la falta de reglas para declarar la inelegibilidad de los candidatos cuestionados, entre otras.
“La ciudadanía y las instituciones mexicanas deberán evaluar si el modelo actual de selección de autoridades judiciales a través del voto popular puede acabar debilitando la transparencia, imparcialidad, eficacia e independencia del Poder Judicial”, indica el texto.
La OEA también recomendó a México incluir en los requisitos para todos los cargos un mínimo de experiencia profesional en el área jurídica, además de establecer condicionantes adicionales para integrar los órganos de mayor jerarquía, que pueden ir desde los estudios de posgrados hasta las publicaciones o una trayectoria profesional extensa.
Tanto la Relatoría Especial de la ONU sobre Derechos Humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitieron informes con anterioridad sobre los posibles impactos en el derecho de acceso a la justicia, en las garantías de independencia judicial y en la vigencia del Estado de derecho en México.
