Morelia, Michoacán

En juicio oral, se dictó sentencia condenatoria en contra de Leopoldo M. imponiéndole prisión de 52 años 6 meses, suspensión de sus derechos políticos y multa de $359,082.50 pesos, además de pago de la reparación del daño en tres conceptos: $158,860.00 pesos por daño moral consistente en sesiones de terapia psicológica a favor de la víctima directa, pago de daño material por $1’000,000.00 pesos en favor de una de las víctimas indirectas, pago de $200,000.00 pesos a favor de otra de las víctimas indirectas.

Los hechos ocurrieron en septiembre de 2019, en Tzatzio, municipio de Tacámbaro, cuando la víctima se disponía a abrir la puerta de su casa y fue interceptada por 3 personas a bordo de una camioneta, una de las cuales era su pariente, quienes la mantuvieron en cautiverio por varios días, a la par que obtuvieron activos por $1;200,000.00 pesos.

En otros casos, jueces de oralidad penal de la región Uruapan emitieron dos sentencias condenatorias de interés, la primera en procedimiento abreviado por robo de vehículo de motor terrestre en agravio de Gerardo Iván G.; se le impuso a Gerardo O. 8 años de prisión por hechos ocurridos en 2025 en una gasolinera en la Colonia Valle Dorado cuando la víctima en compañía de su hija se encontraba poniendo aire a la moto y el sentenciado les amenaza con un machete y les quita la unidad.

La segunda sentencia condenatoria la dio un juez en juicio oral por el robo de una camioneta propiedad de una empresa aguacatera en mayo de 2023; Jaime Isidro F. y Jonathan Alexis P. deberán purgar una pena de 12 años de prisión cada uno, además se les suspendieron sus derechos políticos y les fue negado el beneficio de la sustitución de la pena.

Por otro lado, un juez de Zamora emitió fallo en sentido condenatorio en procedimiento abreviado a José Alfredo C. por el delito de violación equiparada agravada, así como por el delito de abuso sexual de persona menor de dieciocho años de edad agravada, en agravio de una víctima de identidad reservada, condenándolo a una pena de 11 años con 8 meses de prisión, así como al pago de la reparación del daño genérica cuantificable y ejecutable en la etapa de ejecución de sanciones a favor de la víctima.