Mirador Ambiental

No es creíble que los gobiernos no hayan tenido información de lo que pasaba ni tampoco que no supieran de la presencia de la delincuencia en el centro y el sur del municipio. Cuando el martes 6 de mayo los afectados asistieron a la XXI Zona Militar para solicitar apoyo, y luego de explicar lo que estaba ocurriendo en El Capulín, El Duende y El Tigre, un elemento vestido de civil, les dijo al retirarse, “la próxima vez nos traen un chisme nuevo, porque eso ya lo sabíamos”.

Los organismos de inteligencia y el gobierno municipal de Madero que está en el territorio saben lo que allá viene pasando y sabe del control criminal sobre las actividades económicas de los pobladores, madera, resina y comercio. Y desde luego saben que el desplazamiento viene ocurriendo de un tiempo a la fecha.

Mientras el gobernador declaraba que el reguero de cadáveres encontrados había sido llevado ahí desde otro lugar, el gobierno municipal se negaba a proporcionarles la ayuda más elemental. La intención pareciera ser negar la presencia criminal en ese territorio y con ello negar que haya desplazados; que todo quede como un “chisme”.

Los desplazados viven un infierno porque sus familiares han sido secuestrados, extorsionados, torturados, amputados, y siguen siendo amenazados.

Las casas que abandonaron están siendo saqueadas y su ganado, automotores y hasta gallinas han sido robadas por los criminales para venderlas. La insensibilidad y falta de solidaridad ante el dolor de estas personas es un acto de crueldad institucional que los gobernantes ejercen y que es despreciable por donde se le mire. Es obligación del Municipio y del Estado ir a los pueblos y levantar un censo de la gente que ha tenido que huir y a partir de eso ofrecer la atención que cada caso merezca.

Entre las estrategias que deben aplicarse para derrotar y expulsar a los criminales de todo el territorio de Madero y sureste de Morelia debe incluir la instalación urgente de una base de operaciones permanente en la zona para garantizar la vida, patrimonio y seguridad de estas poblaciones y para que retornen los desplazados.

Hasta ahora los pueblos siguen estando solos, sin apoyo estatal y municipal. Este último prefiere gobernar con jaripeos, pan y circo, antes que ir a brindar la protección que los ciudadanos están necesitando.

En esta columna publicamos que el 28 de marzo hubo una mesa de seguridad y paz en Villa Madero, en la que se abordó la agenda ambiental y la cuestión de la seguridad. La mesa convocada por el gobierno estatal y a la cual asistieron instancias federales y estatales, ambientales y de seguridad, sin embargo, se levantó con el acuerdo absurdo de que los defensores ambientales tenían que reunirse con los aguacateros para resolver los reclamos por el agua.

En esa reunión estuvo el gobierno municipal y la Dirección de Seguridad Pública Municipal, que se supone conocen de la presencia criminal en el oriente y centro del municipio, y sin embargo, de ello no dijeron una sola palabra (¿a quién protegen?), en cambio criminalizaron a los defensores ambientales y suscribieron la idea absurda de que los ciudadanos debían capturar a los infractores.

Si en esa mesa la Dirección de Seguridad Pública hubiera abordado el problema ante la presencia de la Sedena y la Guardia Nacional, esto no estaría ocurriendo. O también, si luego del asesinato del 7 de abril en el Ranchito hubieran advertido los riesgos que suponían ese crimen, otra cosa fuera. El gobierno municipal negó entonces la magnitud de la crisis ambiental que está en curso desde hace años y también negó y encubrió el problema del crimen organizado, por eso en la mesa no se tomaron acuerdos preventivos, como era el propósito de la reunión.

No dimos crédito cuando el 28 de marzo escuchamos la propuesta del gobierno municipal de que el problema del agua era un asunto entre aguacateros y defensores de ese derecho humano. O la propuesta surgía de la perversión o de plano de la estupidez. De la perversión porque hacerlo era echar gasolina al fuego o estupidez porque con la propuesta el gobierno municipal se daba un tiro en el pie, ya que al proponerlo estaba renunciando en público a sus facultades de gobierno. Nos dio a entender que no había gobierno y que nos arregláramos.

Una perspectiva diferente adoptó, por ejemplo, Secma, que recién anunció que Madero es considerado, conforme a información de Guardian Forestal, foco rojo en materia de huachicol hídrico y realizará intervenciones puntuales.

Ante la negación y la inacción municipal, el problema, como lo advertimos, ha venido expandiéndose hacia localidades como La Muñeca o La Soledadita, donde los criminales han cometido robos y amenazado a los pobladores. Los ciudadanos han cumplido con su parte, han denunciado la situación que a diario se vive, pero no ha sido suficiente.

El viernes 9 de mayo, la presencia de efectivos federales por tierra y aire recorrieron esa zona y lograron que los criminales se refugiaran en la sierra, donde han acampado y, se sabe, mandan mensajes al gobierno municipal para que retire los operativos.

El papel del gobierno municipal es, por donde se le vea, cuestionable, ya que siendo el gobierno más cercano a la población los ha abandonado por completo. La actitud, sin embargo, es comprensible pues el gobierno ya renunció en la reunión del 28 de marzo a ser gobierno, sólo le falta presentar la renuncia formal y permitir que se forme un nuevo gobierno municipal que sí le responda a la gente.

Claro, no sin que antes se le realice una auditoría profunda para conocer el destino de los recursos públicos. Para atender la violencia en Madero el camino es claro o se aplica el estado de derecho o se aplica el estado de derecho. Por fortuna la estrategia fatal de abrazos y no balazos ha dejado de ser. Y en ese sendero el actual gobierno municipal está fuera porque ha claudicado de manera pública y voluntaria a ejercerlo, han faltado a su juramento de hacer valer la constitución. Se ha constituido en un obstáculo.

¿O también le pedirán a los afectados, que reclaman seguridad, que se reúnan con los criminales para que se pongan de acuerdo y resuelvan sus discrepancias? ¿De esa manera justificarán que están gobernando? ¡Nadie quiere un gobierno así!

Negar es la peor estrategia para gobernar. Aceptar la realidad, todos sabemos, es el primero y fundamental paso para atender un conflicto. Madero necesita ahora que el gobierno reconozca esa realidad, que vaya a los pueblos y atienda las vulnerabilidades que ahí va a encontrar.

Dada la crisis de seguridad en el municipio, es necesario señalar que cualquier atentado contra la seguridad y la vida de los pobladores que han promovido el apoyo y solidaridad para estos pueblos, habrá de ser responsabilidad del gobierno estatal y municipal por no cumplir con sus obligaciones constitucionales y permitir que el crimen se siga paseando en el municipio “como Pedro por su casa”.