Morelia, Michoacán, 15 de diciembre de 2024.- Por mandato constitucional el Presupuesto de Egresos de la Federación se legisla únicamente en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión como una potestad exclusiva del órgano legislativo federal, los recortes en diversas partidas del Presupuesto 2025 ha sido motivo de crítica severa ante la opinión pública, sin dejar de lado que entre los mismos integrantes del partido oficial hay pugnas, lo que generó una evidente inconformidad y reclamo en la Cámara de Senadores, por un recorte de solo 123 millones de pesos a su presupuesto del año entrante.
Derivado de lo anterior, nos damos cuenta de posibles actos simulados para obtener beneficios económicos por la contratación de terceros para brindar servicios específicos que seguramente se encuentran con precios fuera de mercado, lo que podría llegar a situarse en alguno de los supuestos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF) que regula y sanciona las operLa reducción en comento generó un agravio expresado en la tribuna del Senado de la República, el monto de 123 millones de pesos es una nimiedad en relación con lo que se tiene de manera oficial identificado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por la emisión de comprobantes fiscales con operaciones inexistentes desde enero de 2014, fecha en que inició la vigencia del artículo 69-B del CFF.
Hasta el mes de mayo de 2019, tres mil cuatrocientos noventa y nueve contribuyentes emitieron CFDIS con operaciones inexistentes en cantidad de 338 mil 718 millones 862 mil 305 pesos con 35 centavos en perjuicio del fisco federal, a innumerables contribuyentes en cuanto receptores, lo que actuarialmente se traduce en una afectación al erario público en la misma cantidad de un importe integrado por el Impuesto Sobre la Renta (ISR) e Impuesto al Valor Agregado (IVA), más la actualización de las contribuciones omitidas, los recargos aplicables y las multas respectivas.
Lo anterior tiene sustento en un trabajo de investigación auspiciado por la Coordinación de la Investigación Científica de la Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo, donde se ha podido observar que todos los partidos políticos del país, diversas legislaturas locales, poderes judiciales locales y federal, parte de la administración pública federal, estatal y municipal, así como un número indeterminado de contribuyentes particulares, han sido parte del tráfico de CFDIS con operaciones inexistentes sin que el SAT, la SHCP, la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Fiscalía General de la República hagan algo para recuperar lo defraudado o sancionar a quién corresponda, incluyendo al propio Instituto Nacional Electoral por su vínculo con los partidos políticos y sus prerrogativas recibidas por estos.
Los 123 millones de pesos les han dolido a los senadores oficialistas, pero con ello no comprenden la realidad en su conjunto al centrarse en detalles, es evidente que no cuentan con la habilidad fundamental para tomar decisiones informadas y responsables, los árboles no les permiten ver el bosque, no logran ver el panorama general de una situación de verdadera afectación económica por falta de conocimiento, interés o negligencia…
