México no tiene las condiciones para dar seguridad, vivienda, alimentación, ni atención médica a los migrantes, señalan expertos

Redacción / La Voz de Michoacán

El programa de deportación permanente de migrantes que está aplicando la administración de Donald Trump en Estados Unidos (EU) solo elevará la informalidad en el país, así como la pobreza, de acuerdo con expertos.

“Sin duda las deportaciones de connacionales se van a centrar en la agroindustria, construcción y servicios, y en menor medida en las personas que trabajan en industrias sofisticadas que por su experiencia o preparación gozarán de alguna protección de sus empleadores y es ahí la necesidad de definir un programa de absorción de fuerza de trabajo que impida el crecimiento de informalidad y pobreza”, dijo Adolfo Laborde, investigador de Estudios sobre el Desarrollo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en entrevista con Milenio.

“Lo que sería catastrófico es que México pueda ser presionado para ser un tercer país seguro pues no tiene las condiciones para dar seguridad, vivienda, alimentación, ni atención médica a los migrantes y ello se observa en la saturación de albergues en las principales ciudades fronterizas”, explicó Jorge Sales Boyoli, socio director del Bufete Sales Boyoli, expertos en materia laboral.

Aun cuando el abogado laboral consideró que la cifra de posibles deportados es marginal comparada con la Población Económicamente Activa (PEA), de más de 60 millones, la expulsión de connacionales no podrá ser absorbida de golpe.

Sales Boyoli expuso que, tras iniciarse el programa de deportación masiva, crecerá la informalidad que ahora representa 55 por ciento de la PEA porque conforme al perfil de migrantes en situación irregular la gran mayoría se desempeñan en la construcción, agricultura, servicios, hotelería y esparcimiento que buscarán una alternativa en el mercado informal.

Plan México, de largo aliento

Se estima que al cierre de 2024 había alrededor de 13 millones de migrantes en situación irregular de los cuales la mitad eran connacionales; de ellos 9.5 por ciento contaba con estudios universitarios, frente al 53 por de Venezuela y 39 por ciento de Colombia.

Hacia finales del año pasado un migrante mexicano ganaba en promedio por sueldos y salarios 25 mil 570 dólares anuales, alrededor de 500 mil pesos, frente a los 100 mil pesos anuales que en México perciben los sujetos al salario mínimo que este año se incrementó en 12 por ciento.

Laborde del CIDE remarcó que no existe por parte del gobierno mexicano un programa estructurado para recibir a los miles de deportados y atenderlos en sus necesidades de empleo y vivienda, porque el Plan México es una estrategia para enfrentar posibles presiones de Donald Trump en inversiones, comercio e imposición de aranceles a las exportaciones que limiten el crecimiento económico del país.

Ante una política antinmigrante agresiva que se extenderá por cuatro años, “el gobierno federal, estados y municipios en coordinación con la iniciativa privada, deben implementar un plan de absorción de connacionales”, explicó Sales.

“Debemos ver una gran movilidad del Servicio Nacional de Empleo de la Secretaría del Trabajo, pero también acuerdos con la iniciativa privada para que de acuerdo con los perfiles las empresas abran bolsas de trabajo al igual que los gobiernos para aprovechar la experiencia y excelente calidad de la mano de obra de los connacionales”, subrayó Adolfo Laborde.