Explorando la persistencia del conflicto armado en México y sus profundas repercusiones.

Con una violencia que supera lo habitual, homicidios frecuentes y constantes en ciertas áreas, grupos armados con estructuras jerárquicas y suficiente armamento, y un crimen de lesa humanidad cada cinco días por 17 años, México enfrenta un conflicto armado interno. Esto lo posiciona como un país en guerra.

Infobae México dialogó con Paris Martínez y Jacobo Dayán, dos de los autores de ‘Permiso para matar’, un estudio sobre los crímenes de las fuerzas de seguridad del Estado Mexicano en los últimos tres sexenios desde la declaración de guerra al narcotráfico.

Los periodistas documentaron relatos de familiares de víctimas, quienes critican las políticas de seguridad que han facilitado el fortalecimiento de los grupos criminales, haciendo que la población mexicana sea potencialmente vulnerable.

‘Este modelo de seguridad, en lugar de protegernos, nos expone a mayores riesgos. Y como lo expresa uno de los testimonios: ‘Esta no es una guerra contra el crimen organizado, es una guerra contra el pueblo mexicano’.

Conflicto Armado en México

Paris Martínez y Jacobo Dayán destacan que, aunque México ha firmado convenios internacionales para abordar crímenes de guerra y de lesa humanidad, el país ha evitado reconocer el conflicto armado, evitando así repercusiones económicas significativas.

En ‘Permiso para matar’, se revela que de 600 mil investigaciones abiertas, el 97 por ciento termina sin comprobación de delitos. Jacobo Dayán, especialista en Derecho Penal Internacional, señala que este fenómeno no es aislado, sino un patrón de impunidad y ocultamiento por parte del Estado Mexicano, independientemente del partido en el poder.

Desde el inicio de la ‘guerra contra el narcotráfico’, se han documentado mil 800 casos de crímenes de Estado, evidenciando un patrón de investigación limitada a los ejecutores materiales y raramente a los autores intelectuales, lo que dificulta el control sobre el uso de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública.

Jacobo Dayán pregunta retóricamente cuánto Estado es necesario para terminar con la violencia, subrayando la necesidad de justicia y recursos más allá de la fuerza para pacificar al país, en un contexto donde la impunidad alcanza el 97 por ciento y los crímenes y desapariciones son una ‘deuda de Estado’ y no solo de gobiernos pasados.