Agencias / La Voz de Michoacán

Ciudad de México. En respuesta a la solicitud presentada por la organización Solidaria y la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, que en nombre de los colectivos busca que las evidencias se preserven y se evite su daño, pérdida o desaparición, el Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dictó medidas cautelares al Estado mexicano por los recientes hallazgos en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco.

Por lo anterior, las autoridades mexicanas deberán resguardar de manera correcta lo que se encontró, además de garantizar el acceso a la información, y la participación y protección de los familiares de las personas desaparecidas.

En un comunicado, las organizaciones detallaron una serie de medidas que, afirmaron, son interés de todos los colectivos y de todas las personas desaparecidas en tanto no exista una investigación exhaustiva que identifique los restos encontrados y los objetos personales con sus respectivos dueños.

“Hace unas cuatro horas trascendió que, en una acción sin precedentes, el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU iniciará un procedimiento contra México; establece una serie de medidas cautelares para la protección del predio que ocupa el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, y la evidencia hallada por los colectivos, y eventualmente podría llevar el caso a la Asamblea General del organismo multilateral”, se informó.

De acuerdo con los organismos de la sociedad civil, se presentaron 18 casos ante el Comité y se argumentó que las medidas interesan a todos los colectivos y familias de personas desaparecidas, ya que no existe una investigación exhaustiva que identifique los restos y objetos con sus respectivos dueños.

“Argumentamos que dichas medidas son de interés de todos los colectivos y de todas las personas desaparecidas en tanto no exista una investigación exhaustiva que identifique los restos encontrados y los objetos personales con sus respectivos dueños.

"Mientras no sea así, cualquier persona desaparecida y cualquier colectivo de familiares tiene interés de confirmar o descartar los hallazgos”, se puntualizó.

Las medidas cautelares buscan asegurar la correcta protección de los restos humanos y objetos personales encontrados, así como garantizar el acceso a la información y la protección de los familiares de las personas desaparecidas.

El Estado mexicano tendrá que analizar exhaustivamente los objetos personales localizados y determinar su potencial propiedad por parte de las personas desaparecidas.

Y deberá realizar un análisis de contexto para determinar “patrones, esclarecer motivos, el modus operandi de los perpetradores”, determinar los perfiles de las personas desaparecidas y establecer las particularidades regionales que explican la desaparición.

Mencionaron que el Comité de la ONU expresó su preocupación por las alegaciones sobre el “riesgo de daño irreparable a los restos óseos y elementos probatorios localizados en el rancho Izaguirre”.